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Un relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que las empresas del sector industrial abonan, en promedio, 7,4 tasas municipales, con un promedio de 1,4 tasas por municipio. La entidad alertó sobre los efectos negativos de esta carga fiscal sobre la competitividad y el desarrollo de la producción formal en el país.
Entre los principales problemas identificados por las empresas encuestadas figuran la doble imposición, la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual en la mayoría de las tasas. De hecho, más del 81% de las tasas relevadas no tienen contraprestación concreta.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, advirtió que “las tasas municipales son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad de los productos argentinos”.
El informe destaca que Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal tanto a nivel nacional como subnacional. En comparación con 30 países, incluidos miembros de la OCDE, es el único donde la tasa municipal tiene un peso fiscal similar al impuesto provincial.
Una de cada tres tasas que pagan las industrias corresponde a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que incide en un 1,8% sobre el precio final de productos como los alimentos. Además, el 35% de las tasas genera situaciones de doble imposición, particularmente en relación con el impuesto a los Ingresos Brutos, al gravar varias veces una misma base imponible.
Las provincias con mayor promedio de tasas por locación municipal son Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos y Misiones. Rappallini enfatizó que “la industria no tiene rueditas”, en referencia a la imposibilidad de relocalizar fácilmente las plantas industriales, aunque sí pueden evaluarse los costos para futuras inversiones.
Por su parte, Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, subrayó la necesidad de avanzar hacia un nuevo consenso fiscal. “Es fundamental impulsar un acuerdo que incluya a los tres niveles de gobierno, con una autoridad de aplicación clara y precisa, y con incentivos y sanciones para cumplidores y no cumplidores de lo establecido”, sostuvo.